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HSI tiene autoridades legales amplias para realizar investigaciones criminales federales sobre el movimiento transfronterizo ilegal de personas, bienes, dinero, tecnología y otros tipos de contrabando a través de Estados Unidos. HSI utiliza estas autoridades para investigar una gran variedad de delitos transfronterizos, incluyendo: terrorismo; amenazas para la seguridad nacional; contrabando de narcóticos; actividades de pandillas transnacionales; explotación infantil; contrabando humano y trata de personas; exportaciones ilegales de tecnología controlada y armas; lavado de activos; fraude y estafas financieras; delitos relativos al empleo y lugares de trabajo; ciberdelitos; robo de propiedad intelectual y fraude comercial; fraude de identidad y beneficios; y violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra.
500 Escenas De Violacion
Las drogas ilegales así como algunas drogas legales, pueden afectar su habilidad para ser un conductor seguro. Por ejemplo, se han hecho estudios que han demostrado que las personas que usan marihuana cometen más errores, tienen más dificultad para adaptarse a las luces intensas y son arrestados con más frecuencia por cometer violaciones de tránsito que otros conductores.
A lo largo de esta ruta migratoria el miedo es la constante compañía. A las inundaciones repentinas, las serpientes o las picaduras de insectos venenosos, se suman los asaltos y violaciones a manos de grupos armados ilegales que controlan estas rutas para el tráfico de drogas y armas.
Las líneas rojas deben basarse en el derecho internacional humanitario que ningún beligerante debe cruzar. Eso incluye atacar deliberadamente sitios no militares como escuelas, jardines de infancia, hospitales, plantas de tratamiento de agua y campos utilizados para la agricultura. Estas violaciones deben considerarse crímenes de guerra y tratarse como tales.
Golpeada hasta quedar casi irreconocible, la ciudad portuaria sureña de Mariupol se ha convertido en el sitio de las imágenes más horribles de la guerra. A las puertas de Europa, la gente en la ciudad sitiada reporta escenas que se asemejan al "infierno en la tierra": matar perros callejeros para comer, derretir nieve para beber agua y cavar fosas comunes para acomodar la gran cantidad de cadáveres.
Durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) en Argentina se cometieron violaciones masivas a los derechos humanos contra la población civil: detenciones arbitrarias, ejecuciones, exilios forzosos, torturas, violaciones y abusos sexuales, robo de bienes; ataques a las libertades civiles, políticas y sindicales; censuras, persecuciones de todo tipo. Fue la dictadura más cruenta que sufrió el país, desde donde se perpetró un plan sistemático de desapariciones forzadas, que incluyó el secuestro de alrededor de 500 bebés, niñas y niños que fueron separados de sus familias y apropiados bajo otra identidad.
Luego seguirían por Río Negro y Neuquén hasta llegar al valle inferior del Río Chubut. El objetivo desde el congreso fue exterminar a los indios salvajes de Pampa y Patagonia lo que incluyó ataques a tolderías donde sólo había mujeres y niños así como violaciones y campos de detención donde se encerraban hasta decidir qué provecho se podía sacar de sus cuerpos. La cantidad de muertos no es clara pero ronda los 20.000 para poblaciones que en su conjunto no superaban las 100.000 personas.